lunes, 3 de febrero de 2014

La militarización, contra la ciudadanía, no contra el crimen organizado

Pone el gobierno en un paredón a la ciudadanía que se defiende del crimen organizado, señala Tlachinollan

*Abel Barrera afirma que la militarización en La Montaña y Costa Chica es una postura “lamentable” de las autoridades, puesto que en vez desplegar su fuerza en contra de la delincuencia, asumen medidas contra la autodefensa
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El gobierno pretende colocar en un paredón a la ciudadanía que se defiende ante la violencia del crimen organizado, al militarizar las zonas en donde funciona el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano, llamado autodefensa, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Luego de que organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron el sábado la militarización en comunidades de cinco municipios de Costa Chica y la zona Centro, que se sumaron al movimiento de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el director de Tlachinollan, Barrera Hernández, declaró que esta es una postura “lamentable” de las autoridades, puesto que en vez desplegar la fuerza militar y policiaca en contra de la delincuencia, asumen medidas duras en contra de la autodefensa.
Entrevistado vía telefónica, Barrera Hernández dijo que “más que actuar en contra de la delincuencia, el gobierno está actuando para inmovilizar a la ciudadanía, está tratando de impedir que los ciudadanos puedan que hacer valer su derecho fundamental a la vida, a la seguridad y a sus derechos humanos”, dijo.
Comunidades parroquiales de Malinaltepec, Iliatenco, Pascala del Oro, Santa Cruz del Rincón, Atlamajacingo del Monte 2, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, ENLACE, Comunicación y Capacitación; Observatorio Eclesial; Comunidades Campesinas y Urbanas con Alternativas; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC (Imdec); Secretariado Social Mexicano AC (Sicsal); Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos); Iglesias por la Paz y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, denunciaron que la fuerza militar y policial se incrementó en los pueblos de la zona, luego de que el 24 de enero policías comunitarias y población en general de Tecoanapa, Ayutla de los Libres y Juan R. Escudero, acudieron en solidaridad a El Ocotito, Chilpancingo, para garantizar la seguridad de este pueblo y siete localidades cercanas.
Al respecto, Barrera Hernández agregó que las autoridades deben atender a la sociedad en materia de seguridad, no incrementando la militarización, sino trabajando de manera coordinada con los pueblos, “porque es curioso que donde surgen las autodefensas, de inmediato se incrementa la militarización, tratando de dar un golpe, un manotazo, no a la delincuencia sino a los ciudadanos que se organizan”.
Agregó que con eso da la impresión de que al gobierno no le interesa resolver el problema de violencia, sino provocar caos e inestabilidad.
Pero además, dijo que el gobierno no quiere reconocer su deficiencia y debilidad en materia de seguridad, y la colusión que existe de parte de los cuerpos policiacos y militares con las bandas de delincuentes.
“El gobierno le ha apostado más a mantener un estado de sitio a la población que se organiza, para defenderse de la delincuencia organizada, que atacar realmente a las bandas delincuenciales, de las que quiere mantener intocadas sus estructuras”, aseguró.
Agregó que eso es lo que está pasando en las comunidades indígenas, afromexicanas y mestizas de Juan R. Escudero, Tecoanapa, Ayutla, Florencio Villarreal y San Marcos, que están rodeadas por el Ejército, como lo denunciaron organizaciones civiles y de derechos humanos, “la federación quiere diezmar su fuerza  e impedir que se sigan organizando en contra de los delincuentes”, dijo.
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña agregó que eso revela que la autoridad está “desdibujada”, pues insistió en que usa la fuerza del Ejército no en favor de la ciudadanía, sino para proteger a la delincuencia,
“Donde el estado tiene que hacer valer la ley existe un vacío de poder, que es ocupado por los poderes fácticos, y los ciudadanos, mientras tanto, no podemos permanecer a expensas de ese fuego cruzado”, dijo.
Añadió que con ello no se va a resolver la violencia, sino que, por el contrario, “la violencia nos llevará a un nivel de mayor belicosidad, porque el gobierno está poniendo un dique a la sociedad y nos coloca contra el paredón”, dijo Barrera Hernández.
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