lunes, 3 de febrero de 2014

Sobre la ofensiva gubernamental contra las autodefensas

La ofensiva gubernamental contra las autodefensas
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Hoy las comunidades de Guerrero están siendo obligadas a movilizarse, no sólo para defenderse de los grupos de la delincuencia organizada, sino de las mismas autoridades que se han colocado del lado contrario de la sociedad que se organiza, al impedir que los grupos de autodefensa salgan de sus comunidades y  brinden su apoyo a las poblaciones que han vencido el miedo y que están dispuestas a dar la batalla a las bandas del crimen organizado.
El pasado viernes el comisionado nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, anunció que se tomarán “acciones drásticas” para garantizar la tranquilidad de los habitantes de la capital. Hasta el momento la población desconoce en qué consisten esas acciones. Lo cierto es que el Ejército ha emprendido un despliegue inusitado en los municipios donde operan los grupos de la Policía Ciudadana adscritos al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Se han instalado varios retenes en los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa, Ayutla, Florencio Villarreal y San Marcos, para frenar el desplazamiento de estos grupos y su avance organizativo.
La entrada de los grupos de autodefensa a comunidades del valle del Ocotito y su posterior llegada a Mazatlán, municipio de Chilpancingo, puso en alerta a las autoridades federales y estatales sobre la inminente entrada de las autodefensas a la capital. Como medida de contención el Ejército instaló 15 retenes en el tramo carretero que va de Tierra Colorada a San Marcos para sitiar a las autodefensas e impedir que se concentraran en El Ocotito. Por su parte el gobernador pidió refuerzos a la federación y logró que 300 policías federales vengan a hacerle frente a las autodefensas, por si se empeñan a entrar a la capital.
Todo el aparato de seguridad se ha puesto en operación para desarticular el movimiento de las autodefensas, para impedir su desplazamiento, para desarmarlas y arrinconarlas a su espacio comunitario. De nueva cuenta las autoridades en lugar de distender el ambiente de confrontación y  modificar su estrategia fallida de seguridad,  endurecen sus posturas y no permiten que la sociedad participe en el nuevo diseño de seguridad ciudadana centrado en proteger los derechos humanos de la población que es víctima de la violencia y la inseguridad.
Las cúpulas del PRD, en lugar de cuestionar este modelo de seguridad, centrado en proteger a un sistema de seguridad pública obsoleto y corrupto, y de posicionarse en favor de la población que sufre el flagelo de la delincuencia y que se organiza para combatirla, fueron a Acapulco con recursos del pueblo para respaldar al gobernador y declarar sin ningún empacho que en Guerrero hay gobernabilidad. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, sin importarle los centenares de casos de muertes violentas ni la situación de inseguridad que impera en el estado,  afirmó que “aquí no hay nada, aquí hay gobernabilidad en Guerrero, hay diálogo y hay acuerdos”. Sobre la situación de inseguridad que se vive en el estado comentó que “para nada se compara con la de Michoacán”. En Guerrero los hechos de violencia “son aislados”. Al final la discusión se centró en la elección que habrá el 2015 y en que el gobierno federal ha retrasado la entrega “de los cuantiosos recursos” del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para la reconstrucción del estado. El presidente del PRD también comentó que la presencia de la dirigencia nacional del PRD era un “acto de solidaridad” por los desastres ocurridos hace cuatro meses y medio por las lluvias.
Nada importan las víctimas de la violencia ni las miles de familias damnificadas, que siguen sobreviviendo a la intemperie o en sus casas semiderruidas. Las reuniones de los políticos son para la adulación, el lucimiento y el disfrute de la vida con vista a la playa. Desde esos lugares es obvio que la realidad sea paradisiaca y que el Guerrero ensangrentado y empobrecido no se vea, que las muertes y atentados sean hechos aislados que son utilizados para desprestigiar el buen desempeño de las autoridades.
Como ciudadanos y ciudadanas afirmamos que la visión que tienen los dirigentes del PRD sobre lo que sucede en Guerrero es muy ajena a lo que sienten y sufren más de 3 millones de guerrerenses. Como grupo que ostenta el poder ha perdido la vergüenza y el respeto al pueblo de Guerrero. Sueñan con seguir lucrando con los cargos públicos; sus proyectos se circunscriben al ámbito meramente electorero y sus agendas están programadas hasta el día de las elecciones en 2015. Todo lo que le preocupa a la población es secundario, se retoma siempre y cuando sea un medio que sirva para catapultar políticamente a los que están en la lista de aspirantes a candidatos.
No hay una postura clara y comprometida sobre lo que representan en este momento de crisis de seguridad los grupos de autodefensa, ni lo que significa para el estado la experiencia exitosa de la Policía Comunitaria. Esta fortaleza de los pueblos construida a pulso ha permitido que en Guerrero la situación todavía esté en posibilidades de revertirse, de recuperar el control y de devolverle la tranquilidad a la población. Las autoridades del estado y la dirigencia del PRD, han tirado por la borda este patrimonio que aún conservan los pueblos originarios de Guerrero. No valoran esta riqueza cultural y jurídica que le da solidez a un sistema democrático y que desde esa base social se puede reconstituir el tejido social y armar un nuevo proyecto de seguridad ciudadana.
Las formas como perciben a los grupos de autodefensa, que son cortados con la misma tijera y vistos como un peligro para acabar con los privilegios del poder y las prácticas de la corrupción, son los grandes obstáculos que provienen de las mismas autoridades, al no permitir que la sociedad participe en las tareas de seguridad y que asuma un rol crítico, proactivo y propositivo que implica desmantelar toda las estructuras de poder que fomentan las acciones delincuenciales y que permiten hacer negocios ilícitos bajo el amparo de la ley.
Ahora estamos en un punto de quiebre, porque por un lado la estrategia del gobierno se centra en impedir que avancen los grupos de autodefensa y  no permiten que la población se organice para defender sus derechos y por el otro lado, los grupos de la delincuencia se sienten cobijados y protegidos por el aparato represivo del estado, al no implementar ningún operativo de gran escala donde éstos se encuentran asentados. Meter al Ejército en los territorios donde trabajan los grupos de autodefensa es una clara ofensiva contra la población que se organiza contra el avance de la delincuencia organizada.
Es muy sintomático la forma como actúan las autoridades del estado; ante un atentado como sucedió con el empresario Pioquinto Damián, donde murió su nuera y quedó herido su hijo, a unos cuantos metros de la Procuraduría de Justicia, hasta el momento nada se sepa de los agresores, ni se tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier otra acción delincuencial como las que se siguen consumando. No hay acciones contundentes para contener la embestida de la delincuencia contra los ciudadanos y ciudadanas que tienen el valor de denunciar los hechos delictivos y de organizarse para parar la ola de violencia, por el contrario, se les denigra, se busca desvirtuar los hechos dándole un tinte político, y se le invisibiliza o desvía la atención con otros temas.
Ahora se hostiga a los pueblos con el despliegue militar para que los grupos de poder no sean puestos en entredicho, ni se corra el riesgo de que se develen las atrocidades que suceden dentro de los aparatos represivos del estado o que se acaben los jugosos negocios que se urden con los grupos de la delincuencia. No hay voluntad para arrancar de tajo a los grupos de la delincuencia que han echado raíz dentro de las instituciones gubernamentales, más bien, se protege y mantiene intocado este sistema lanzando una ofensiva contra las autodefensas, que están llenando el vacío que las autoridades han dejado por su falta de compromiso con la sociedad a la que se deben.
No se ven señales de que las autoridades quieran actuar con mayor contundencia contra los grupos del crimen organizado que se han posicionado mejor en las regiones donde la población sigue inerme, esperando que el Ejército y las corporaciones policiacas se encarguen de  combatirlas. Para ello, este ambiente de descomposición social no representa un foco rojo, ni significa una situación de riesgo para la seguridad nacional, por lo mismo, las víctimas pueden seguir esperando. Lo que no pueden permitir es que los grupos de autodefensa entren a la capital y pongan en evidencia la incapacidad de las autoridades para gobernar. Por eso las autoridades se acuerpan para meter en cintura a las autodefensas con la aplicación de “medidas drásticas”.
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